PorYolanda Molina Pérez (tomado del periódico Guerrillero)
En la introducción a los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, emanados del VI Congreso se expresa como necesidad: “Fortalecer los niveles de coordinación de las políticas macroeconómicas y concluir los estudios para la eliminación de la dualidad monetaria y el perfeccionamiento de la política cambiaria”.
Dos años más tarde, en el 2013, al clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones de la VIII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en ese entonces presidente de los consejos de Estado y de Ministros expresó: “Un paso trascendental, por su repercusión en todas las facetas de la vida nacional, lo constituyó la puesta en vigor del cronograma de trabajo para la unificación monetaria y cambiaria…”.
Se sabía que estaba en implementación y durante el 2020, a partir del propio proceso de preparación que realizaban los especialistas de las distintas entidades, comenzó a ser una alusión recurrente y tema de vaticinios populares la determinación del día cero. Sobre cómo llegó Pinar del Río a ese momento hablamos con Jorge Luis Salas Rosette, coordinador de programas y objetivos de la Economía en el Gobierno Provincial.
ANTES DE…
La unificación monetaria y cambiaria no se había visto como el proceso más amplio y complejo que es la Tarea Ordenamiento. La comisión en el territorio, a partir de las capacitaciones que recibieron, trabajaron en el diagnóstico del impacto que tendría sobre el sector empresarial y el presupuestado.
Los desafíos planteados para el grupo de implementación en el territorio eran: cómo buscar potencialidades locales, reservas en niveles de eficiencia, el cambio de mentalidad, la modificación de los procesos productivos y el perfeccionamiento de los sistemas. Trabajar en esas líneas con anticipación permitió que la provincia tuviera capacidades superiores para enfrentar este proceso.
“Hicimos despachos con las 21 entidades que caían en pérdidas para comprobar qué harían para transformar este escenario. La Empresa Alimentaria, por ejemplo, logró la introducción de materias primas nacionales, cambios de formulaciones e incorporó producciones a la Zona de Desarrollo Mariel (ZDM) y a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), lo que al cambio de la tasa de 24 les ofrece ventajas económicas y les permite tener un financiamiento para la importación de tecnología y materias primas que se reviertan en calidad de sus elaboraciones”.
CAMINO AL DÍA CERO
En el diseño de la Tarea estaba el día cero y equis cantidad de días menos, se habló de hasta 90 para dar cumplimiento a un cronograma, comentó Salas y añadió que al publicarse los procedimientos comenzaron con la formación de los tan debatidos precios. El Gobierno con sus entidades y organismos tuvo que hacer 34 131 adecuaciones.
Hay diferentes facultades para la formación de precios, unos son competencia de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), de una empresa o de los gobiernos provinciales y municipales, de ahí que sean mucho más complejos que antes, porque se aprobaban por el Ministerio de Finanzas y Precios y era lo que todo el mundo decía “vienen de arriba”.
Confirmó que además de las acciones mencionadas para buscar más eficiencia, trabajaban en otras áreas como la depuración de la contabilidad, los expedientes de faltantes y sobrantes, las cuentas por cobrar y pagar que a veces enmascaran situaciones económicas como las pérdidas, la adecuación de las plantillas, así como la instalación de los software para el control económico; sobre estos últimos apuntó que solo quedaron sin actualizar 18 bases de datos de casi 900 que existen en la provincia.
MONITOREO
El propio grupo de trabajo creado para la implementación asegura el intercambio con las entidades y los criterios de la población llegan por diversas vías. Señaló que en los primeros 180 días hay que hacer una revisión de los precios y la eficiencia empresarial.
“No es que el pueblo ha presionado es que ha dado su criterio; no hay que verlo como que han presionado y se rebaja, porque yo no puedo mandar a buscar al pueblo para hacer una ficha de costo, eso no es posible, pero participan cuando empiezan a interactuar con ellos y a evaluar la relación calidad-precio. Algunos se pueden enmendar, en otros casos es explicar, porque hay asuntos económicos que requieren de aportar los elementos para que haya comprensión del por qué”.
Añadió que las adecuaciones no pueden llevar a las empresas a tener pérdidas, aunque sí hay que escuchar cada opinión, porque somos un país socialista, y eso ha pasado con un grupo de productos: hay precios que no pueden seguir bajando si no lo hace el mayorista porque la Tarea Ordenamiento estableció nuevas reglas del juego.
Puntualizó que el incremento salarial se concibió para dar respuesta al proceso especulativo, el cual estaba concebido.
La principal preocupación del país era controlar la tendencia inflacionaria que es inevitable con la devaluación de la moneda, pues al comparar el salario mínimo anterior con el actual y el costo de la canasta básica de referencia, siempre va a quedar un saldo positivo y se monitorea a través de indicadores estadísticos en el país. En el territorio se hace hincapié en los productos básicos de alta demanda.
“Hay casos puntuales, pero en la mayoría el aumento de los precios no supera porcentualmente al de los salarios; por ejemplo, los de Pescarío crecieron 2.7 y el salario como mínimo un 4.9”, acotó.
Aseveró que revisaron todos los precios de la gastronomía y en cada caso hubo rebajas entre un 20 y 27 por ciento, hasta 40 y los menos de un 60. Por ejemplo, los costos de la pizza napolitana en La Terrazina eran de 27 pesos hoy está a 22, y en la red popular se fijó a 15.
VULNERABLES
“Nadie quedará desamparado: este es un principio que prevalece, pero hay un porcentaje elevado de personas en edad laboral que no trabajan y pueden autovalorarse como vulnerables, porque no tienen un ingreso. Está claro y bien definido que quienes recibirán asistencia social son los desvalidos, por situación de enfermedad o vejez y que no tienen familiares obligados.
“Hay un presupuesto designado por el país y se ha estado trabajando, incluso antes del día cero habilitamos 147 puntos en la provincia, más las 11 direcciones municipales de Trabajo para atender a este segmento de la población: ese es un proceso permanente”.
Es un nuevo escenario al que pueden incorporarse familias que antes no estaban, por ejemplo, una madre que trabaja y su salario no la cubre a ella y sus hijos. Salas aseguró que poseen la caracterización de cada caso y que quien requiera la prestación temporal o permanente la tendrá.
Los que concurren deben hacer una declaración jurada de las razones por las que creen ser vulnerables; en las 24 horas siguientes hay que analizar el caso en las direcciones municipales. Esas facultades las tenía la Ministra y se desplazaron a los territorios, lo que responde al propósito de agilizar los trámites. Si se considera que necesitan ayuda en los dos días siguientes debe confeccionarse el cheque y entregársele.
Durante el mes siguiente se efectuará una visita especializada al hogar y profundizarán en el entorno familiar y social para determinar si será permanente o si no lo precisa. Hasta el momento a los que buscaron protección como vulnerables les han realizado 946 ofertas de empleo y se han incorporado 645; más de 1 250 solicitudes también encontraron respuesta y aun así la provincia cuenta con un número superior a las 3 500 plazas.
Sobre el trabajo no estatal que se contrajo en el 2020, dado fundamentalmente por las medidas asociadas al enfrentamiento de la COVID-19, en siete días se han autorizado a 192 personas para el ejercicio de diferentes actividades.
En cuanto al propósito de que el municipio explote al máximo sus potencialidades y sea un pilar de la eficiencia económica, destacó como fortaleza que todos tienen sus estrategias de desarrollo local aprobadas, hacia las que hay que mirar un concepto más amplio que abarca desde un polo productivo de la agricultura hasta diseños como el de la Empresa Forestal Integral (EFI) Macurije, con 26 proyectos, nueve de ellos enfocados a la exportación.
“Sabemos hacia dónde vamos, nos queda mucho por hacer, pero ya hay otras en marcha en muchos lugares”.
MÁS QUE NÚMEROS
A su juicio, la Tarea Ordenamiento conlleva un cambio de mentalidad a nivel social, porque las empresas no pueden trabajar con un mínimo de utilidad que ante el menor contratiempo caigan en pérdidas. “Tampoco con el 200 por ciento que quieren poner algunos privados, pero se eliminaron los subsidios y el Estado no va a respaldarlas”. Es un nuevo paradigma que ya está en implementación y como a lo largo de los últimos 62 años, será un proceso de construcción conjunta entre pueblo y entidades.
