En horas de la noche de este 26 de noviembre, las autoridades sanitarias cubanas se presentaron en la sede del llamado Movimiento San Isidro, ubicado en calle Damas No.955, en el capitalino municipio de La Habana Vieja, con motivo de certificar la violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales, ejecutada por el ciudadano cubano con residencia mexicana, Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, quien luego de declarar otra dirección donde se iba a alojar, decidió por su propia voluntad y sin valorar las consecuencias de sus actos, trasladarse a esa vivienda, luego de su entrada al país por el Aeropuerto Internacional “José Martí” hace unos días.
Ante su negativa de cumplir con lo estipulado en las medidas decretadas por Cuba para evitar la transmisión de la Covid-19 y que se aplican a las personas que provienen del extranjero, se radicó una denuncia en la Estación de la PNR de la localidad, por el delito de Propagación de Epidemias, lo que obligó a una actuación inmediata para la extracción de las personas que se encontraban en el lugar.
Esta acción transcurrió con total apego a la legalidad y sin que se transgredieran los derechos ciudadanos de ninguno de los involucrados, y responde al necesario interés de proteger a la población cubana de la trasmisión de la pandemia, así como salvaguardar la vida de aquellos que resultaron ser contactos directos de Álvarez Rodríguez, de quien se conoce que de México hizo escala en los Estados Unidos, y luego viajó al territorio nacional.
En medio del contexto que impone la pandemia de la Covid-19, la vigilancia epidemiológica que se lleva a cabo tiene como fin regresar a la normalidad por el bien de la sociedad, por tal motivo, para los actos irresponsables descrito en esta nota y otros que tengan las mismas consecuencias, se mantendrá el estricto cumplimiento de lo establecido.
Una vez que se apliquen las medidas a él o los responsables y se certifique el estado de salud de todos los que se encuentran en observación médica, volverán a sus respectivos domicilios, de no constituir riesgo para la salud de la población.
